EE. UU. valora diálogo entre Petro y Trump, pero mantiene alertas por seguridad en Colombia

Washington reconoció avances en las conversaciones bilaterales, aunque expresó preocupación por la violencia, el narcotráfico y posibles escenarios de impunidad.

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Durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos reconoció que los diálogos entre los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump han sido constructivos, pero advirtió que persisten serias inquietudes sobre la situación de seguridad y estabilidad en Colombia.

La representante estadounidense ante el organismo, Jennifer Locetta, señaló que las conversaciones entre ambos mandatarios han sido “muy productivas”, aunque subrayó la preocupación de su país por el aumento de la violencia, el narcotráfico y los cultivos ilícitos, así como por la falta de estabilidad en varias regiones del territorio colombiano.

Locetta también manifestó que el enfoque del Gobierno Petro frente a algunos grupos armados genera dudas en Washington, al considerar que podría abrir la puerta a escenarios de impunidad para organizaciones criminales, actos de terrorismo y otros delitos graves.

Estas advertencias coinciden con los señalamientos del secretario general de la ONU, António Guterres, quien reconoció avances en la implementación del Acuerdo de Paz, pero alertó sobre la fragilidad de la seguridad en el país.

Por su parte, el representante especial de la ONU para Colombia, Miroslav Jenča, explicó que la Misión de Verificación ha ajustado su trabajo al mandato aprobado el año pasado, concentrándose en la reintegración de excombatientes y en la protección de comunidades afectadas por la violencia.

Jenča informó que la misión enfrenta el año 2026 con una reducción cercana a 200 efectivos y un recorte presupuestal de casi 15 millones de dólares, aunque aseguró que mantiene una presencia clave en el terreno y reiteró la necesidad del respaldo continuo de los Estados miembros.

El diplomático destacó la resiliencia de las comunidades en departamentos como Cauca, Nariño, Arauca y Norte de Santander, donde persisten graves problemas derivados de la acción de grupos armados ilegales, la debilidad institucional y la falta de servicios básicos.

En cuanto al proceso de reintegración, recordó que más de 11.000 excombatientes continúan vinculados a los programas oficiales, un esfuerzo que calificó como esencial para la paz, aunque aún vulnerable. Además, calificó como inaceptable el asesinato de 487 excombatientes desde la firma del acuerdo y pidió fortalecer las investigaciones y las garantías de seguridad.

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