Gobierno de Trump adquiere dos grandes centros de detención para reforzar las deportaciones
La administración estadounidense invirtió 1.500 millones de dólares en la compra de dos instalaciones en California como parte de su estrategia para ampliar la capacidad de detención de inmigrantes.

El Gobierno del presidente Donald Trump adquirió dos de los mayores centros de detención para inmigrantes en California, en una operación cercana a los 1.500 millones de dólares que busca fortalecer la infraestructura destinada a las deportaciones de personas en situación migratoria irregular.
Las instalaciones compradas son el Centro de Detención de Otay Mesa, ubicado cerca de la frontera entre Estados Unidos y México, y el Centro de Detención de California City, en el condado de Kern. Ambos establecimientos pertenecían a la empresa privada CoreCivic.
De acuerdo con los documentos de la transacción, el Ejecutivo destinó 739,2 millones de dólares para la compra del centro de Otay Mesa, con capacidad para albergar a 1.994 personas, y 732,6 millones para el complejo de California City, que puede recibir hasta 2.560 detenidos y fue inaugurado recientemente.
Pese al cambio de propietario, CoreCivic informó que espera continuar administrando el funcionamiento diario de ambos centros mediante los contratos vigentes con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
La adquisición se produce poco después de que el Congreso de Estados Unidos aprobara un paquete presupuestario impulsado por el Partido Republicano, que destina 70.000 millones de dólares para fortalecer las operaciones de ICE, la Patrulla Fronteriza y otras agencias migratorias durante el resto del mandato de Trump.
La ampliación de la capacidad de detención se da en medio de crecientes cuestionamientos sobre las condiciones en estos centros. Organizaciones defensoras de los derechos humanos han denunciado presuntas irregularidades, negligencia y un incremento de muertes de personas bajo custodia de ICE.
Según reportes conocidos recientemente, en los primeros seis meses del año se registraron 52 fallecimientos de migrantes detenidos. Además, una investigación de CBS reveló que al menos 15 de los 45 principales centros de detención no fueron inspeccionados durante el último año, mientras que otros cinco carecen de registros públicos de inspecciones, lo que ha intensificado las preocupaciones sobre la supervisión de estas instalaciones.
