JEP imputó crímenes de guerra a tres militares por 'falsos positivos'
Por casos presentados en el Casanare.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad al teniente coronel Fabián Eduardo Sarmiento Valbuena, al sargento Jaime Luis Olivera Arrieta y al subteniente Gustavo Alberto Parada Cuéllar, por su participación en asesinatos y desapariciones forzadas que fueron presentadas falsamente como "bajas en combate" en el departamento de Casanare.
Según informó la JEP a través de un comunicado oficial, los tres miembros del Ejército están vinculados a la red criminal que operó dentro de la Brigada XVI entre 2005 y 2008. Las víctimas de estos hechos eran personas protegidas por el Derecho Internacional Humanitario, lo que agrava la responsabilidad de los imputados en el marco del Subcaso Casanare del Caso 03, que investiga las ejecuciones extrajudiciales cometidas en el contexto del conflicto armado colombiano.
Los tres militares fueron citados por la Sala de Reconocimiento de Verdad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que asuman su responsabilidad como "máximos responsables de la organización criminal" que operó al interior de la Brigada XVI del Ejército Nacional entre los años 2005 y 2008, según informó la entidad.
Los implicados son señalados como coautores de los crímenes de homicidio en persona protegida y desaparición forzada, en el marco del Subcaso Casanare del Caso 03. Este proceso judicial investiga la práctica sistemática de ejecuciones extrajudiciales en distintas regiones del país durante el conflicto armado colombiano.
Ahora, los tres comparecientes tienen un plazo de 30 días para responder a la imputación presentada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y decidir si aceptan su responsabilidad en los hechos, se acogen al proceso de reconocimiento de verdad y justicia, y participan en el componente restaurativo del sistema transicional, según informó el alto tribunal.
La JEP, instaurada como parte del acuerdo de paz firmado en 2016 entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las FARC, ha documentado al menos 6.402 víctimas de ejecuciones extrajudiciales entre 2002 y 2008. Este capítulo, considerado uno de los más oscuros del conflicto armado, revela cómo miembros del Ejército asesinaron a civiles inocentes, en su mayoría jóvenes en situación de vulnerabilidad, para presentarlos como guerrilleros muertos en combate y así inflar artificialmente los resultados operacionales. Estos hechos son conocidos en el país como el escándalo de los 'falsos positivos'.
