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Antes de que se conociera el sentido del fallo en el juicio contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Defensoría del Pueblo emitió un comunicado reafirmando que las decisiones judiciales deben ser respetadas en cualquier circunstancia.
La entidad subrayó que los jueces deben actuar con total independencia y libertad, sin presiones externas ni descalificaciones que pongan en riesgo su autonomía ni debiliten la confianza pública en el sistema judicial.
En un llamado claro a la sociedad, la Defensoría expresó que en una democracia es fundamental proteger y reconocer el papel de las mujeres en la justicia. Estigmatizar a una jueza por su género o por las decisiones que debe tomar no solo atenta contra su dignidad, sino que también perpetúa barreras históricas que impiden una justicia equitativa.
En este contexto, la Defensoría defendió la integridad de la jueza Sandra Heredia, quien está a cargo de dictar el fallo en el caso de Uribe. La institución advirtió que los ataques hacia ella representan una forma de violencia que amenaza la independencia judicial y mina el Estado de Derecho.
"La justicia se honra cuando se respeta a quienes la administran", afirmó el comunicado, reiterando que solo respetando a jueces y juezas se garantiza el cumplimiento del orden constitucional.
El proceso judicial contra Uribe se originó en 2012, cuando él denunció al entonces senador Iván Cepeda por supuesta manipulación de testigos. No obstante, la Corte Suprema no halló mérito para investigar a Cepeda, y en cambio, abrió un proceso contra el expresidente por presuntamente intentar influir en testigos para que no declararan en su contra. Uribe enfrenta cargos por soborno, fraude procesal y soborno en actuación penal.