Revelan presuntas irregularidades en la DNI durante el Gobierno Petro: espionaje, hackeos y ataques a entidades

Un informe divulgado por Noticias Caracol advierte sobre supuestas operaciones de inteligencia clandestinas, adquisición de equipos tecnológicos y posibles ataques informáticos contra organismos del Estado en medio de la campaña electoral.

Nuevos cuestionamientos rodean a la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI) durante el Gobierno de Gustavo Petro, luego de que Noticias Caracol revelara un informe que advierte sobre presuntas irregularidades relacionadas con espionaje, ataques informáticos y posibles intervenciones a entidades públicas en medio del proceso electoral.

La información fue divulgada la noche de este domingo por el medio de comunicación, que tuvo acceso a un documento de la DNI identificado como “reservado y de distribución controlada”.

Uno de los aspectos mencionados en el informe tiene que ver con la participación de la entidad en la asignación de vehículos destinados a los esquemas de seguridad de los expresidentes de la República.

El documento señala que los automotores para estos esquemas de protección serían asignados por el Ministerio de Defensa, las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y la Dirección Nacional de Inteligencia.

Sin embargo, el informe cuestiona la intervención de la DNI en este procedimiento y advierte sobre un posible interés en ejercer labores de seguimiento e inteligencia sobre las personas protegidas.

“Esto explicaría el interés específico de la DNI en participar de esta asignación: una entidad de inteligencia no tiene ninguna razón técnica para asignar vehículos de protección, a menos que el objetivo sea el control e inteligencia sobre las personas protegidas”, señala el documento citado por Noticias Caracol.

Sobre este punto, Juan Carlos Restrepo, exconsejero de Seguridad Nacional y exinspector de la DNI, cuestionó las actuaciones que se describen en el informe.

“Claramente están obrando por fuera del marco de competencias y por fuera del campo de acción de la DNI”, manifestó al medio de comunicación.

Otro de los elementos que llama la atención es la supuesta existencia de una casa de inteligencia clandestina ubicada a pocos metros de la Embajada de Estados Unidos, en Bogotá.

Según el documento, el inmueble habría funcionado como una sede operativa de la DNI que no estaba registrada oficialmente en los libros de la entidad. Noticias Caracol también informó que la propiedad fue desocupada después de las recientes elecciones presidenciales.

No obstante, una de las advertencias más delicadas del informe está relacionada con la presunta entrega de equipos tecnológicos por parte de Rusia.

El documento señala que ese país habría suministrado computadores y teléfonos celulares a la DNI con el propósito de instalar programas maliciosos (malware) que permitirían espiar al próximo Gobierno.

Ante esta situación, el informe recomienda realizar una revisión forense inmediata de todos los dispositivos de la entidad para establecer si fueron utilizados con esos fines.

Las revelaciones también apuntan a posibles irregularidades en la contratación y adquisición de equipos tecnológicos, así como al papel de Carlos Oyola, ingeniero de sistemas que ingresó a la DNI en febrero de 2024 y fue capturado recientemente.

De acuerdo con el documento, Oyola habría participado en ataques informáticos contra entidades estatales para permitir que el área de contrainteligencia accediera a sus bases de datos.

“Hackeó entidades del Estado para que contrainteligencia tuviese acceso a las bases de datos, las cuales alojó en una nube y perdió esa información. El exdirector de contrainteligencia lo puso a disposición del exdirector general Jorge Lemus, quien lo reubicó en el grupo de tecnología”, señala el informe.

Adicionalmente, el documento lo relaciona con una presunta red que habría tenido como propósito alterar los resultados de las votaciones del 21 de junio y ejecutar ataques informáticos contra la Registraduría Nacional.

Noticias Caracol también indicó que Oyola tenía una orden de captura expedida en mayo de 2026 y que, presuntamente, habría recibido protección de funcionarios del Gobierno y de la DNI mientras se desarrollaban las actividades investigadas.

Las revelaciones abren nuevos interrogantes sobre el funcionamiento de la Dirección Nacional de Inteligencia, los procedimientos de contratación y los posibles alcances de las operaciones informáticas que se describen en el documento.

Asimismo, ponen el foco sobre las actuaciones de la Fiscalía General de la Nación frente a las denuncias y los hechos que rodean este caso.